A pesar de los avances en inclusión y políticas con enfoque de género, las mujeres indígenas y afromexicanas en Puebla siguen enfrentando rezagos estructurales en educación, empleo y condiciones económicas.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 72.4% de la población indígena en el estado vive en situación de pobreza, y un 27.1% en pobreza extrema. Entre las mujeres, las cifras son aún más preocupantes: 41.3% no ha concluido la educación básica y 62.8% carece de seguridad social, lo que limita sus oportunidades laborales y su autonomía económica.
En contraste, los programas sociales federales y estatales han permitido una mayor visibilidad y acceso a apoyos para este sector. El Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), por ejemplo, canalizó 47.9 millones de pesos entre octubre de 2024 y junio de 2025 para impulsar proyectos productivos liderados por 1,839 mujeres indígenas y afromexicanas en rubros como el turismo, la agricultura y la comercialización artesanal.
Asimismo, las 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana activas en el país ofrecieron acompañamiento y asesoría a más de 31 mil mujeres, fortaleciendo su acceso a la salud, la justicia y la prevención de la violencia.
En Puebla, las autoridades estatales han realizado jornadas integrales para mujeres indígenas, como la celebrada en Huaquechula, donde más de 600 asistentes recibieron atención médica, asesoría jurídica y capacitación en derechos humanos. Estas acciones, aunque importantes, no logran compensar la brecha estructural de desigualdad que persiste en las zonas rurales, especialmente en municipios de la Sierra Negra, la Sierra Norte y la Mixteca poblana, donde la pobreza alcanza a más del 60% de la población.
Desigualdad persistente y poder adquisitivo limitado
El panorama laboral es uno de los desafíos más complejos. En Puebla, la informalidad alcanza el 72%, lo que significa que la mayoría de las mujeres indígenas trabaja sin prestaciones, sin seguridad social ni acceso a crédito.
Aunque los salarios mínimos han incrementado a nivel nacional más del 110% en términos reales desde 2018, el poder adquisitivo de las mujeres rurales crece lentamente debido al encarecimiento de productos básicos y la falta de empleos formales en sus comunidades.
De las más de un millón de personas indígenas que habitan en Puebla, cerca de 542 mil son mujeres, lo que representa el 52% de la población originaria del estado. Sin embargo, solo 5.1% de ellas ha tenido acceso a estudios universitarios.
Además, más de 700 mil mujeres en la entidad no perciben ingresos económicos, pues se dedican al trabajo doméstico no remunerado, un problema que profundiza la dependencia económica y limita la movilidad social.