La violencia política contra las mujeres en razón de género sigue siendo una realidad creciente en México, y tanto la Ciudad de México como Puebla reflejan un panorama contrastante: hay leyes, protocolos y programas en marcha, pero los datos duros aún muestran vacíos que dificultan medir la eficacia de estas políticas.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), de 2020 a 2025 se han registrado más de 500 sanciones en todo el país por casos de violencia política de género, de las cuales la mayoría corresponden a agresores hombres (390) y solo una minoría a mujeres (88).
En ese registro nacional, los casos más frecuentes se concentran en el ámbito municipal y digital, donde las agresiones van desde el hostigamiento y la difamación hasta la obstaculización del ejercicio del cargo público.
Ciudad de México:
campañas de prevención, pero sin cifras claras
La Secretaría de las Mujeres de la CDMX ha impulsado campañas de información y protocolos para que la ciudadanía identifique y denuncie la violencia política de género.
Sin embargo, no existen datos públicos actualizados sobre el número de denuncias, quejas o sanciones específicas en la capital.
El Cuarto Informe Anual de la Secretaría (2023) reconoce que la atención a la violencia en el ámbito político forma parte de su agenda, pero el registro puntual de casos aún es limitado, lo que impide evaluar los avances reales en la materia.
Puebla:
más estructura institucional, pero falta medir resultados
En Puebla, el INE y el Instituto Poblano de las Mujeres implementaron en 2024 un programa piloto de acompañamiento jurídico y una Mesa de Atención para la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con el objetivo de brindar asesoría directa a funcionarias y candidatas.
Además, el estado cuenta con una Guía para la prevención y atención de la VPG, así como un repositorio público del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) con expedientes sobre casos de violencia contra regidoras y funcionarias.