En México, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo un problema alarmante dentro y alrededor de los espacios escolares. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) reveló que el 32.3% de las mujeres mayores de 15 años declaró haber sufrido algún tipo de violencia en su etapa de estudiantes, y de ellas, el 20.2% la vivió en el último año de referencia.
Estas cifras muestran que los entornos educativos no siempre han sido espacios seguros, lo que subraya la urgencia de fortalecer la prevención y, sobre todo, la denuncia.
A nivel nacional, especialistas calculan que 4 de cada 10 mujeres adultas reconocen haber experimentado algún tipo de violencia en la infancia, lo que refleja que muchas agresiones ocurren antes de los 15 años. La violencia sexual en el ámbito escolar suele quedar oculta por miedo al estigma, la desconfianza en las instituciones o la falta de protocolos visibles.
En Puebla, informes estatales y de organizaciones civiles han señalado la necesidad de reforzar las medidas de protección tras la emisión de la Alerta de Violencia de Género. Actualmente, el estado trabaja en protocolos específicos de prevención y atención en casos de acoso y abuso sexual en planteles educativos, además de habilitar mecanismos de denuncia y coordinación con la Fiscalía General del Estado para garantizar atención inmediata a las víctimas.
La Secretaría de Educación Pública impulsa a nivel federal programas como Escuela Libre de Violencia, que incluyen capacitaciones a docentes, protocolos de actuación y rutas claras de atención. Estas acciones buscan que, ante una sospecha o denuncia, exista respuesta inmediata con acompañamiento psicológico, médico y jurídico, evitando la revictimización.
El reto es enorme: sin denuncia no hay investigación ni justicia. Por ello, especialistas recomiendan que cada plantel cuente con canales de denuncia visibles, buzones confidenciales, personal capacitado y campañas informativas dirigidas a estudiantes y familias. Asimismo, se promueve la creación de materiales adaptados a la edad de los menores para que puedan expresar lo ocurrido con un lenguaje accesible y seguro.
La autoridad educativa y judicial insisten en que toda agresión debe reportarse de inmediato. Para casos de emergencia está disponible el 911, mientras que líneas estatales como la Línea Sin Violencia (800 10 84 053) ofrecen atención psicológica y orientación jurídica. También existen Centros de Justicia para Mujeres y fiscalías especializadas que atienden de manera directa las denuncias.
En conclusión, la violencia sexual en la educación básica es un fenómeno que afecta a miles de niñas y niños en el país. La denuncia no es un trámite más: es la llave para frenar la impunidad y proteger la vida y el futuro de la niñez mexicana.