La reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado de la República ha generado amplia polémica por incluir un artículo transitorio con carácter retroactivo, lo que significa que las nuevas disposiciones podrían aplicarse a casos que ya están en trámite. Especialistas en derecho constitucional advierten que esta medida podría vulnerar el principio de legalidad y certeza jurídica, consagrado en el artículo 14 de la Constitución mexicana.
La retroactividad en materia legal está prohibida cuando afecta derechos adquiridos. Sin embargo, la reforma avalada por la mayoría senatorial introduce un cambio que permitiría modificar los criterios de interés legítimo y limitar las suspensiones, incluso en procedimientos ya iniciados. Esta medida podría alterar juicios en curso y revocar protecciones previamente otorgadas por jueces federales.
Uno de los efectos más preocupantes, señalan juristas, es que la digitalización del amparo podría dejar sin acceso a la justicia a más de 20 millones de personas que actualmente carecen de conexión a internet, principalmente en comunidades rurales y zonas marginadas.
En ese contexto, mujeres emprendedoras y pequeñas empresarias —quienes suelen depender de estos mecanismos para proteger su patrimonio y su actividad económica— figuran entre las más afectadas, de acuerdo con el análisis de Cimac Noticias.
Además, la retroactividad genera incertidumbre jurídica para quienes ya habían promovido amparos bajo reglas anteriores, pues las nuevas condiciones podrían limitar su derecho a la defensa o retrasar la resolución de los casos. Organismos empresariales como Coparmex y colegios de abogados han advertido que esta situación no solo pone en riesgo la justicia, sino también la inversión y la estabilidad económica, al debilitar la confianza en el Estado de Derecho.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado públicamente su desacuerdo con la cláusula retroactiva, al considerar que vulnera principios constitucionales y podría interpretarse como una regresión en materia de garantías individuales. Por ello, el debate ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde legisladores deberán revisar a fondo el alcance de la reforma y su impacto en los derechos de la ciudadanía.
Especialistas recomiendan que los diputados corrijan la disposición transitoria para evitar que los casos en curso se vean afectados, y que se establezcan mecanismos de transición claros que respeten los derechos previamente adquiridos. También subrayan la importancia de considerar la brecha digital y garantizar que la justicia electrónica no se convierta en un nuevo factor de exclusión.
La Cámara de Diputados tendrá la responsabilidad de ajustar la reforma antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de preservar la seguridad jurídica y la confianza en uno de los mecanismos más importantes de protección de los derechos humanos en México: el juicio de amparo.