En Puebla, 567 mujeres permanecen recluidas en los centros penitenciarios estatales, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2025 elaborado por el INEGI. Esta cifra representa el 7.7% de la población total privada de la libertad, que asciende a 7,349 personas, distribuidas en los 22 penales bajo jurisdicción estatal.
Aunque en términos generales los centros penitenciarios de Puebla tienen una capacidad para 7,576 internos, el estado mantiene una ocupación del 97%, lo que lo coloca entre las entidades con mayor saturación del país.
Este nivel de ocupación limita la posibilidad de brindar espacios adecuados, particularmente para las mujeres, quienes requieren atención diferenciada en salud, maternidad, seguridad y acceso a la justicia.
Uno de los datos más alarmantes es que el 46.2% de las mujeres internas no cuenta con sentencia firme, lo que significa que casi la mitad está en prisión preventiva, sin que su responsabilidad penal haya sido determinada por un juez.
En comparación, el promedio nacional de mujeres en prisión sin sentencia es del 42%, lo que ubica a Puebla por encima de la media. Esta situación ha sido señalada por organizaciones civiles como una de las principales violaciones al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
En cuanto a la situación familiar, ocho de cada diez mujeres recluidas son madres, y la mayoría tiene hijos menores de edad que viven fuera del penal, bajo el cuidado de familiares. Solo 11 mujeres viven con sus hijos menores de seis años dentro del reclusorio, principalmente en los centros penitenciarios de San Pedro Cholula y Ciudad Serdán, que son los únicos con módulos adaptados para la convivencia madre-hijo.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las mujeres privadas de la libertad enfrentan deficiencias en atención médica, alimentación y acceso a programas de reinserción social, además de condiciones de hacinamiento que vulneran su dignidad.
En materia de reinserción, apenas el 28% de las internas participa en programas educativos o laborales, cifra inferior al promedio nacional (36%), y menos del 10% recibe apoyo psicológico o de atención jurídica especializada. En muchos casos, los talleres de oficios disponibles no son remunerados o se limitan a labores de limpieza, cocina o costura, lo que perpetúa la desigualdad de género dentro del sistema penitenciario.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), persisten problemáticas como la insuficiencia de personal femenino de seguridad, la falta de atención médica especializada y el limitado acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que impacta directamente en el bienestar de las mujeres internas y sus familias.
Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han insistido en que la falta de sentencia, el hacinamiento y la ausencia de condiciones adecuadas para las madres reclusas constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y demandan políticas públicas con perspectiva de género dentro del sistema penitenciario poblano.
El desafío, señalan especialistas, no se limita al acceso a la justicia, sino también a la reinserción social real y sostenible de las mujeres una vez que cumplen sus condenas o recuperan su libertad. Sin políticas efectivas de apoyo, muchas enfrentan estigmatización, desempleo y abandono social, lo que las coloca en riesgo de reincidencia o de nuevas formas de vulnerabilidad.