La extorsión telefónica en México tiene cada vez un rastro más claro: los centros penitenciarios. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al menos 12 prisiones del país concentran el 56 % de las líneas usadas para cometer este delito, lo que ha llevado al Gobierno Federal a intensificar su estrategia de contención.
Durante la conferencia matutina, el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, informó que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han identificado miles de llamadas originadas desde los penales.
Gracias a los nuevos operativos tecnológicos, el 33 % de esas líneas ya fue bloqueado mediante la instalación de inhibidores de señal y la desconexión de antenas móviles en varios estados.
Entre las acciones destacadas se encuentra la modificación de antenas en los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas, así como la suspensión total de servicios 3G y 4G en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
La estrategia contempla que, para 2026, todas las prisiones federales y los 13 reclusorios de la CDMX operen bajo bloqueo total de señal, además del refuerzo en 275 cárceles estatales donde se han realizado más de 730 operativos con decomisos de celulares, módems, tarjetas SIM, drogas y armas blancas.
García Harfuch precisó que el objetivo es cerrar por completo los canales de comunicación que permiten a los internos operar esquemas de extorsión y garantizar mayor seguridad a la ciudadanía.
Por otra parte, el número 089, destinado a reportar casos de extorsión, ha recibido más de 83 mil denuncias desde el inicio del plan. En el 75 % de los casos, las llamadas fueron atendidas oportunamente, evitando que las víctimas cayeran en engaños. Además, 12,433 ciudadanos han aportado números específicos desde los cuales se intentó extorsionarlos, permitiendo su rastreo y desactivación.
Entre julio y noviembre, los operativos coordinados entre fuerzas estatales y federales derivaron en la detención de 478 presuntos responsables en 22 estados del país, mientras que 2,929 carpetas de investigación se mantienen abiertas por este delito.