Tras más de seis horas de intensos debates, acusaciones, protestas y un clima de polarización en la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general el dictamen que expide una nueva Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales. El resultado de la votación fue de 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones.
La ley busca reglamentar el uso, concesión y distribución del agua a nivel nacional, con el propósito declarado de frenar el “acaparamiento” del recurso y combatir irregularidades en su comercialización.
Entre las modificaciones aprobadas se incluyen regulaciones más estrictas para la cesión o transmisión de concesiones de agua, con sanciones considerables para quienes las utilicen de forma indebida.
La iniciativa también establece nuevos mecanismos para conceder y supervisar concesiones, lo que implica un cambio en cómo se otorga y controla el derecho al agua en México.
La aprobación no estuvo exenta de denuncias de irregularidades, acusaciones de “centralización” del recurso, y fuertes críticas por parte de diputados de oposición y representantes del sector agrícola, quienes advirtieron que la reforma podría afectar derechos históricos de productores rurales.
Además, organizaciones y grupos del campo han adelantado que podrían recurrir a protestas, amparos o recursos legales para evitar la aplicación plena de la norma.
Con su aprobación en lo general y lo particular en la Cámara de Diputados, el dictamen ahora será turnado al Senado para su análisis final. Se prevé que la deliberación pueda ser rápida, lo que mantiene la expectativa sobre su entrada en vigor.