En Ciudad Juárez, Chihuahua, autoridades descubrieron y desarticularon una red criminal encabezada por Martha Alicia “N”, alias “La Diabla”, que reclutaba a mujeres embarazadas con promesas de trabajo. Una vez captadas, eran llevadas a casas de seguridad donde se les practicaban cesáreas ilegales y sus bebés eran vendidos en Estados Unidos por aproximadamente 250,000 pesos cada uno.
El caso ha destapado la gravedad del tráfico de recién nacidos en México, una problemática poco documentada y en la que mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad son las principales víctimas.
Aunque en Chihuahua se logró la detención de integrantes de esta red, uno de los jueces de control liberó a una operadora clave por falta de vinculación a proceso, lo que encendió las alarmas sobre la impunidad y la corrupción que rodean estos casos.
En paralelo, datos de otras entidades muestran la magnitud del problema: en Jalisco, entre 2021 y 2024 se reportaron 93 casos de recién nacidos de madres con adicciones bajo resguardo del Ministerio Público, y para 2025 ya suman al menos 72 nuevos casos. A nivel nacional, el abandono de bebés va en aumento: 107 casos en 2024, frente a 50 en 2020.
Organismos de seguridad y colectivos de mujeres han advertido que este tipo de delitos no solo ponen en riesgo la vida y salud de los recién nacidos, sino también los derechos y la integridad emocional de las madres.
La Fiscalía General de la República cuenta con una Unidad Especializada en Tráfico de Menores y Personas, mientras que colectivos exigen protocolos más firmes y acompañamiento institucional para evitar que la vulnerabilidad de las mujeres sea aprovechada por redes criminales.