La salida silenciosa de varias empresas de origen chino o con productos importados de China del mercado mexicano (entre ellas SEV) ha generado un vacío significativo para quienes adquirieron vehículos eléctricos recientemente, quedando sin soporte técnico, sin acceso a piezas y con trámites detenidos.
La marca SEV, hasta hace poco promovida como parte de una estrategia nacional de electromovilidad, dejó de operar de forma efectiva: sus agencias en Tultitlán, Polanco, Satélite, Altavista y Santa Fe ya no funcionan, y los números de contacto de su sitio oficial no reciben atención.
Clientes que intentaron, por ejemplo, tramitar el holograma exento ante autoridades de tránsito, se toparon con que necesitaban una carta de “buen funcionamiento eléctrico” emitida por la agencia ,documento que ya no pueden obtener.
Problemas mecánicos sin solución y denuncias ciudadanas
Quienes confiaron en SEV han reportado fallas graves: desde problemas en el sistema de frenado hasta desperfectos en el motor. En al menos un caso, un vehículo lleva más de medio año sin reparación, a pesar de haber sido ingresado a taller.
Usuarios ya se han manifestado ante la PROFECO, exigiendo que la empresa responda por la garantía, el mantenimiento y la seguridad de las unidades vendidas.
“Ya cerraron, ya no nos están dando ninguna garantía, ni dónde llevar el carro,” declaró uno de los afectados.
Cuando la empresa fue promovida en 2023-2024, SEV se presentaba como una firma comprometida con la electromovilidad y aspiraba a convertirse en un actor clave mediante la introducción de modelos como E-Nat, E-Tus o E-Wan Cross, argumentando que ofrecería “el eléctrico más económico del mercado”.
Incluso se previó una inversión multimillonaria para levantar una planta en Durango, con lo que planeaban producir vehículos, baterías y paneles solares localmente.
Sin embargo, la abrupta desocupación de puntos de venta y la ausencia de respuestas a los clientes revelan que ese proyecto no cumplió sus promesas.
Especialistas consultados advierten que la situación pone en evidencia un vacío regulatorio: no existen reglas claras que obliguen a estos distribuidores o importadoras a garantizar soporte mínimo cuando abandonan el mercado.

Mientras tanto, usuarios afectados permanecen sin certeza: no tienen a quién acudir para mantenimiento, refacciones o trámites básicos, lo que pone en riesgo su inversión e incluso su seguridad vial.