De acuerdo con estimaciones recabadas por organizaciones y medios que citan fuentes oficiales, entre 35,000 y 45,000 menores han sido reclutados o utilizados por grupos delictivos a lo largo de las últimas décadas en México.
Esta cifra ha sido referida en diversos discursos legislativos y propuestas de reforma constitucional o penal. Por ejemplo, en un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados se afirmó que esa es la escala del problema, y que hasta 250,000 menores más estarían en riesgo de cooptación.
En medios especializados se localizan también estimaciones de que alrededor de 30,000 menores han sido absorbidos por el crimen organizado hasta ahora, aunque algunos estudios elevan la cifra a un rango mayor.
Estas cifras sirven de contexto para la propuesta que la diputada Kenia López Rabadán presentó ante la Comisión de Justicia, mediante la cual se pretende reformar el artículo 201 del Código Penal Federal con el fin de aumentar las penas a quienes recluten menores para participar en delitos, especialmente bajo la modalidad del crimen organizado.
Actualmente, esa normativa contempla penas de 7 a 12 años de prisión; la iniciativa eleva ese rango a 10–20 años, junto con una multa de 1,000 a 20,000 días de salario mínimo en los casos vinculados a delitos delictivos organizados.
El dictamen aprobado en la Comisión de Justicia señala además que la penalización más alta aplicará cuando las conductas previstas en los incisos que tipifican comisión de delito u organización delictiva estén ligadas con ilícitos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Hasta ahora, la reforma no ha sido confirmada como vigente, pues aún no se ha acreditado su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Según lo previsto, entraría en vigor al día siguiente de dicha publicación.