En Puebla, el 40% de las empresas, principalmente micro y pequeñas, han sido víctimas de ataques cibernéticos que se han traducido en robo o secuestro de información, fraudes y extorsiones, según señalan representantes empresariales locales.
Esa afectación, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), ha significado pérdidas que oscilan entre 20,000 y 150,000 pesos por caso, afectando la continuidad operativa y la confianza digital de proveedores y clientes.
A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 del INEGI documenta la dimensión económica del problema: en 2023 el costo total de la inseguridad para las unidades económicas se estimó en 124,300 millones de pesos y el costo promedio por unidad económica (gasto en prevención + pérdidas) ascendió a 54,451 pesos. Además, la ENVE registra que las pequeñas empresas tuvieron una tasa de victimización cercana al 40.7%, lo que corrobora la vulnerabilidad del sector pyme frente a delitos, entre ellos los delitos informáticos.
El gobierno federal reconoce la gravedad del reto digital: en 2025 se presentó el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025–2030, que busca fortalecer gobernanza, operación, protección de infraestructura crítica y profesionalizar la respuesta ante incidentes; el plan incluye medidas dirigidas a apoyar la resiliencia de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, el CERT-MX y la Secretaría competente han difundido manuales y guías prácticas de ciberseguridad para pymes con acciones básicas (copias de seguridad, actualización de sistemas, controles de acceso y protocolos de respuesta).
Expertos e instituciones oficiales subrayan los factores que hacen a las pymes blanco fácil:
• Alta conectividad y falta de protocolos formales: la ENDUTIH del INEGI muestra que el acceso a internet en hogares y negocios ha crecido, ampliando superficies de ataque si no hay medidas de protección.
• Escaso presupuesto en seguridad y falta de capacitación interna en ciberhigiene.
• Baja denuncia: la ENVE documenta además una elevada cifra negra (90.3% de delitos no denunciados), lo que dificulta dimensionar y combatir el fenómeno.